Altos funcionarios y empresarios brasileños estuvieron de acuerdo en la venta de carne podrida
En marzo de este año quedó al descubierto que las exportadoras de carne más grandes del mundo, JBS y BRF, con sede en Brasil, estaban comercializando alimento caduco y que sobornaron a las autoridades sanitarias de su país.

Hace dos meses, cuando esta noticia dio la vuelta al mundo, se tomaron varias medidas: tres plantas empacadoras de carne fueron clausuradas, los funcionarios que aceptaron los sobornos fueron despedidos y las importaciones de carne de Brasil fueron canceladas en varios países, entre ellos China, México y Chile.

Pero el escándalo no terminó allí. Recientemente, varios medios de comunicación dieron a conocer una grabación de una conversación entre el presidente de Brasil, Michel Temer, y Joesley Batista, uno de los propietarios de JBS. Batista aceptó públicamente haber sobornado a las autoridades porque “el sistema brasileño muchas veces crea dificultades” para hacer negocios.

Noticias como ésta exhiben la realidad sobre la industria de la carne: tanto funcionarios como empresarios están dispuestos a poner en riesgo la salud de los consumidores con el fin de obtener ganancias económicas.

El caso de JBS hace que nos preguntemos cuántas empresas distribuidoras de carne sobornan a los funcionarios públicos para pasar los estándares de calidad que exige la ley. ¿Cuántas veces los ciudadanos habrán consumido carne en mal estado o llena de productos químicos nocivos para su salud?

Y no olvidemos a los miles de millones de animales víctimas de condiciones crueles e insalubres.

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